martes, 22 de febrero de 2011

Camionazo a Santos

Columna en El Espectador.com





Por: Reinaldo Spitaletta




El invierno y otros factores para nada meteorológicos han hecho ver que Colombia no tiene carreteras, ni vías fluviales, ni trenes.

Que es un país de melancólico subdesarrollo y todo por obedecer, a pie juntillas, o de rodillas, los dictados del Fondo Monetario, el Banco Mundial y decenas de transnacionales. El haber acabado con los ferrocarriles para favorecer el aumento del transporte de carga vehicular fue un error garrafal, que todavía se lamenta.

El reciente paro de camioneros, asimismo, evidenció desigualdades en la propiedad de las tractomulas, los monopolios que dentro del gremio se quieren imponer y las ganas del gobierno de favorecer a los de más poder económico en detrimento de los pequeños propietarios. La mayoría de medios de comunicación desinformaron –me parece- sobre el tema y confundieron a la opinión pública.

Se sabe que hay paros (y huelgas) patronales y movimientos cuyas intenciones son las de acrecentar la plusvalía de los poderosos. Sin embargo, el paro de los propietarios y conductores de camiones de carga reveló puntos críticos del sector. Estudiosos del tema y portales como la sillavacía.com señalaron que en el país hay unos 240 mil camiones de carga, y solo una empresa es propietaria de dieciocho mil. Según centrales obreras esta estructura, así como todavía está, es democrática “ya que el noventa por ciento es propietario de una o máximo dos tractomulas y se ve afectado por el decreto de Libertad Vigilada que elimina la Tabla de Fletes”.

Recordemos que entre las reivindicaciones del paro estaban la derogatoria del decreto que elimina la tabla de fletes, la reducción de mil doscientos pesos en el galón de Acpm y el control de la sobreoferta vehicular mediante la “chatarrización”. Los camioneros, en particular los pequeños propietarios, argumentaron que el decreto en cuestión había sido expedido por el presidente Santos debido a las presiones de los grandes empresarios. Nada raro. Porque, como se ha visto, este gobierno (como el anterior y otros) está para servir a minorías oligárquicas e intereses extranjeros.

Camioneros y conductores expresaron (y estas voces poco se sintieron en los medios de comunicación) que el objetivo del decreto era, en esencia, reducir los costos del transporte “para hacer más rentables a las grandes empresas y de paso conducir a pequeños y medianos transportadores a la quiebra”. Tal situación –agregaron- alimentaría las condiciones para que transnacionales y sectores monopolistas se apropien de este rubro de la economía.

De alguna manera, el paro fue una confrontación al modelo neoliberal colombiano. Fue una suerte de oposición a la línea de permitir la toma, de parte de transnacionales y otros organismos, de los mercados internos; de quebrar a pequeños propietarios y darles más alas a enormes compañías de transportadores. El movimiento cuestionó la privatización de las carreteras, mediante costosos peajes, y los precios internacionales de los combustibles, que encarecen los servicios de transporte.

En algunos medios oficiosos el enfoque informativo se puso en contra de la protesta camionera y del lado del decreto gubernamental. Poco o nada se les dijo a las audiencias y lectores, por ejemplo sobre el precio del Acpm, que en Colombia es un diecisiete por ciento más caro que en Argentina y cuatrocientos por ciento más costoso que el de Venezuela. Es decir, no se proporcionaron elementos de interpretación y, al parecer, se ocultaron aspectos clave para poner al ciudadano en contra de lo que partes de la población calificaron como el “justo paro” de los camioneros.

Y aquí vuelve y juega lo dicho al principio. El gobierno debería ir en contracorriente de los monopolios y desarrollar otros medios de transporte, como el ferrocarril y el de las vías fluviales. Una actitud similar lo pondría a desobedecer los mandatos de los organismos internacionales de crédito y los criterios del Consenso de Washington. Por supuesto, es un imposible, porque, como se visto hasta la saciedad, el gobierno colombiano está para servir a sus amos foráneos.

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